Poder Judicial de Kenia. Imagen de Wing vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en democracia«. Esta serie busca explorar las distintas formas de protestas, las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
Un sábado de fines de julio de 2025, Angola bloqueó internet por primera vez en su historia registrada. No durante una elección, no durante una guerra. La gente tomó las calles para protestar contra el alza del precio del combustible. Al menos 22 personas murieron según cifras de las autoridades. Los supervisores de la sociedad civil contaron 30 muertos y más de 1500 arrestados.
Tuve un registro mensual de leyes de tecnología, medios y telecomunicaciones en África desde enero de 2014. En agosto de 2026 alcanzó 152 ediciones consecutivas. Conté los registros en los que un Gobierno restringió, restó velocidad o cortó una red, no conté cierres de transmisiones individuales, encontré más de 70 episodios en 32 países, cada año desde 2014. La coalición KeepItOn de Access Now contó independientemente y llegó al mismo número.
Estos hechos plantean una pregunta que se sigue debatiendo en abstracto: ¿qué es protesta digital? ¿Tiene la gente el derecho a ejercerla?
La definición habitual es inadecuada
Por lo general, cuando se piensa en la acción de protesta en línea, la gente imagina campañas, publicaciones coordinadas, peticiones en línea y cambio de foto del perfil en solidaridad. Con esos ejemplos, el derecho a internet se convierte en bifurcación de la libre expresión, y el argumento pasa a ser cuánto discurso en línea debe tolerar un Gobierno.
Las protestas en línea son legítimos, y África ha producido algunas de las campañas más relevantes: #ThisFlag [esta bandera] y #ShutDownZimbabwe [cierren Zimbabue] en 2016, #BringBackOurInternet [devuélvannos nuestro internet] durante la desconexión de Camerún, #DataMustFall [los datos deben caer] en Sudáfrica, y en Nigeria #EndSARS [acaben con SARS] en 2020 y #EndBadGovernance [acaben con la mala gobernanza] en 2024.
En cada uno de estos casos, los Gobiernos toman uno de estos planteamientos y llegan a un instrumento diferente para cada uno.
El primer planteamiento es cuando alguien publica, y el Estado procesa a esa persona. Encontré cerca de 70 ejemplos de eso exactamente cada año desde 2014, incluidos los blogueros de Zona 9 de Etiopía en 2014, el cofundador de Jamii Forums de acuerdo con la ley de ciberdelitos de Tanzania en 2016, Ignace Sossou en Benín en 2019, y otros dos periodistas en Mali en junio de 2026. Los Gobiernos usan estatutos de ciberdelincuencia, disposiciones de noticias falsas, o actos de mal uso de computadores para silenciarlos, y el objetivo siempre es una persona.
El segundo planteamiento es cuando muchos se reúnen, y el Estado no procesa a nadie. Más bien, corta la red.
Argelia, cada junio durante los exámenes
Argelia ha cortado internet nacional todos los años durante los exámenes de bachillerato para impedir que los candidatos circulen los exámenes. Kenia bloqueó Telegram durante sus exámenes nacionales en 2023 y 2024. Ninguna multitud, protesta, ni opinión que el Estado quería reprimir.
Así que las reuniones para discrepar no son el único desencadenante, y un argumento que dice otra cosa exagera su caso. Pero mira qué resuelve suspender los exámenes. Nadie sostiene que Argelia apagó la red nacional para silenciar una opinión. El Estado recurre a la red porque la red era lo que se había usado para coordinar. Un bloqueo no es un instrumento de expresión; es un instrumento para evitar la acción coordinada, y los exámenes y manifestaciones son dos casos de la misma magnitud.
Cortas la red durante una protesta, y no has silenciado una conversación. Has dispersado una asamblea antes de que se forme.
Artículo 9 o artículo 11 del Estatuto Africano
Ver el derecho a internet de esta manera cambia qué disposición del Estatuto Africano se aplica, y qué deben los Estados a sus ciudadanos.
Los bloqueos casi siempre se tratan en los tribunales como problemas de libertad de expresión según el artículo 9 del Estatuto Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. El artículo 11 protege el derecho a reunirse libremente con otras personas. Los dos artículos no son iguales. El artículo 9(2) da a todos el derecho a expresarse y difundir opiniones “dentro de la ley”. El artículo 11 permite “solo con las restricciones necesarias establecidas por la ley». La necesidad está en el artículo 11 y no está en el artículo 9.
Ninguna es una peculiaridad africana. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la asamblea pacífica en el artículo 21. En 2020, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el ente que interpreta el pacto, emitió el comentario general 37, que establece qué significa ese artículo. El artículo 21 se aplica para las asambleas en línea, y la organización de asambleas que se hacen en la calle. En los bloqueos, es explícito: los Estados no deben “bloquear ni impedir la conectividad a internet en relación con las asambleas pacíficas”, ni participar en “interferencia geomarcada o específica para la tecnología con conectividad”. Esa ha sido la lectura desde 2020.
Las guías sobre libertad de asociación y asamblea de 2017 van más allá de la Comisión Africana, y trata la asamblea como algo que un Estado debe permitir positivamente y no solo abstenerse de reprimir. Su declaración de principios de 2019 dice en el principio 37(1) que los Estados “deben facilitar” la expresión y el acceso a la información en línea. El principio 38(1) permite la interferencia con contenido cuando sea “justificable y compatible con las leyes y parámetros internacionales de derechos humanos». El principio 38(2), que prohíbe “todo perturbación del acceso a internet … para segmentos del público o toda una población», no tiene esa calificación. La asimetría es deliberada, y hace mucho menos trabajo del que debería hacer.
Las regiones anglófonas de Camerún perdieron el acceso más de un año desde enero de 2017 en un intento de reprimir la disidencia. El territorio Fizi en Kivu del Sur, República Democrática del Congo, estuvo fuera de línea más de un mes desde julio de 2026. La declaración no es vinculante, lo que es una verdadera limitación. También es la declaración más clara del parámetro del continente sobre derechos de acceso.
No solo los litigantes usan el artículo 9. Llega hasta arriba. En 2024, la Comisión Africana aprobó una resolución sobre bloqueos de internet en época electoral. La resolución trata a los bloqueos como perjudiciales a la expresión y acceso a la información según el artículo 9. No menciona la asamblea.
La afirmación que nadie refutó
Ndiaga Gueye dirige una asociación senegalesa de usuarios de tecnología. Después de que el Gobierno cortó el internet móvil durante las protestas de junio y julio de 2023, denunció a Senegal ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de loa Estados de África Occidental (ECOWAS/CEDEAO). Defendió la expresión y el acceso a la información según el artículo 9, el derecho al trabajo según el artículo 15, y de asamblea según el artículo 11 del Estatuto Africano y el artículo 21 del Pacto.
El 14 de mayo de 2025, el Tribunal resolvió a su favor en materia de expresión, aplicó una prueba de legalidad de cuatro partes, objetivo, necesidad y proporcionalidad legítima, y sostiene que Senegal reprobó las cuatro partes: ninguna ley autorizó los cortes, no se presentó evidencia de la amenaza, existieron menos medidas restrictivas, y un apagón general no era necesario ni proporcionado. También resolvió que los apagones violaban su derecho a trabajar. Sin embargo, su afirmación de que el apagón violaba su derecho a asamblea quedó en nada.
Dos solicitantes lo presentaron: la asociación y el propio Gueye. La Corte desestimó el pedido de asamblea de la asociación porque no se debatió ni sustentó. Aceptó que Gueye tenía derecho a presentar su reclamo, pero luego decidió en el caso sobre expresión y el derecho a trabajar, y nunca resolvió sobre si el apagón del Gobierno violaba su derecho a la asamblea. El comentario general 37 de Naciones Unidas había estado vigente cinco años en este entonces.
Esa es la situación actual del debate. La demanda sobre el derecho de reunión se presentó ante un tribunal regional y no prosperó, no porque el derecho de reunión sea un derecho erróneo, sino porque nadie lo defendió.
Las sentencias son más débiles de lo que parecen
Menos de lo que sugieren los defensores de esta medida. La Corte Superior de Zimbabue anuló las directivas de bloqueo de enero de 2019 en apenas días, pero con el fundamento de que el ministro de Estado no tenía autoridad para emitirlas, ya que el presidente se había reservado para él la administración de la ley de interceptación de comunicaciones; la corte desestimó expresamente la cuestión constitucional. Em junio de 2o20, el tribunal de ECOWAS/CEDEAO sostuvo que el apagón de 2017 de Togo era ilegal, pero como Togo concedió que no había ley que los autorizara, la Corte nunca dijo si un bloqueo era necesario o proporcionado. En Kenia, el juez Bahati Mwamuye emitió una orden conservadora el 14 de mayo de 2025, que suspendía el cierre hasta que se celebrara la audiencia, y para junio los grupos de derechos humanos exigían que se cumpliera con esa medida.
Los casos de Zimbabue y Togo representan victorias en materia de legalidad, más que en cuanto al contenido del derecho; ninguno le indica a un Gobierno lo que puede hacer una vez que ha aprobado una ley. Senegal es la excepción: es la primera sentencia africana que sostiene que un bloqueo no cumple con los criterios de necesidad y proporcionalidad. Llegó a esa conclusión en virtud del artículo 9 y no mencionó el artículo 11. Por su parte, los bloqueos continuaron. Tanzania cortó internet durante las elecciones de octubre de 2025, y Uganda ordenó un bloqueo antes de las elecciones de enero de 2026. El primer bloqueo en la historia de Angola se dio diez semanas después de que las dos cortes resolvieran el mismo día.
¿Cómo cambiar el patrón?
Si los litigantes y los activistas de derechos humanos quieren cambiar este patrón, deben argumentar el reclamo relativo a la libertad de reunión; no limitarse a mencionarla simplemente. El caso de Gueye muestra qué pasa cuando no se hace así: el derecho se mencionó en los escritos procesales y se desestimó por falta de pruebas y argumentos, mientras que la corte se centró en las reclamaciones que se habían fundamentado. La obligación positiva establecida en las guías de 2017 es más difícil de rebatir para un Gobierno que una prueba de proporcionalidad sobre el contenido, pero solo si alguien la presenta ante un juez de la manera adecuada.
Debemos identificar a los operadores. Los bloqueos los ejecutan empresas con licencia según instrucciones que, con frecuencia, no están escritas y que, en ocasiones, son ilegales según la propia legislación nacional del titular de la licencia. La sociedad civil se dirigió por escrito a MTN, proveedor líder de telecomunicaciones, en relación con Sudán en 2019. Las condiciones de las licencias siguen siendo una ventaja que apenas se utiliza.
Por último, deberíamos tratar el incumplimiento como un fallo al aplicar la ley, más que como una cuestión jurídica pendiente. Cuando una corte keniana ordena detener una interrupción de servicio y esa interrupción continúa, el defecto no está en la ley.
El derecho a la protesta digital en África no necesita que lo inventen. Necesita que lo identifiquen, y los Gobiernos llevan 12 años mostrándonos dónde está: cada vez que una multitud se ha reunido y la red se ha quedado en silencio.
Ephraim Percy Kenyanito es abogado internacional especializado en derecho comercial, tecnología, medios y telecomunicaciones. Desde enero de 2014 publica mensualmente el boletín «African TMT Law Roundup».
