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El Ejecutivo ha destinado, además, 180 millones para vivienda asequible en zonas tensionadas, 45 millones para alojamiento universitario y 9 millones para las explotaciones agrarias afectadas por los incendios.
Las iniciativas buscan fomentar el acceso al alquiler asequible y la compra, aumentar la oferta de vivienda, aportar estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios, proteger a las personas más vulnerables y combatir la especulación.
Las normas aprobadas incluyen la protección frente a los desahucios, la prohibición de las compras especulativas por parte de fondos y la renovación de los contratos de alquiler. El Ejecutivo también ha adoptado un tercer paquete de medidas para proteger a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán.
