La impresionante belleza de la costa norte de República Dominicana en el parque nacional Los Haitises. Foto de Jason Boldero en Flickr (CC BY 2.0).

Cuando piensas en República Dominicana, lo primero que podría venir a tu mente es la imagen de un paraíso, donde el sol, la arena y el mar se combinan para ofrecer experiencias inolvidables, a las familias dominicanas y a los viajeros del mundo. Pero las aguas profundas del mar del país también son un elemento de vital importancia.

Jonathan Delance, director de conservación del Programa Nacional 30×30 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dice que los ecosistemas marinos dominicanos son una de las «mayores riquezas naturales y estratégicas» del país: diversos, altamente conectados y fundamentales para la vida nacional.

Desde un punto de vista ecológico, los arrecifes de coral, los manglares, los lechos de pastos marinos, las dunas, las playas, las zonas pelágicas y los ecosistemas de aguas profundas sostienen la biodiversidad. Desde un punto de vista económico y social, son la base del turismo, la pesca y la protección costera.

Aunque se han realizado investigaciones relevantes en el país, la información disponible sigue siendo limitada. Según Delance, algunos de los estudios sobre aguas profundas dominicanas han tenido un planteamiento geofísico, geoquímico o geológico, y no uno ecológico. En gran parte esto es porque la investigación en aguas profundas es costosa, compleja y requiere tecnología especializada, como vehículos operados remotamente, equipos acústicos, cámaras de aguas profundas y capacidades taxonómicas altamente específicas.

Precisamente por estas limitaciones, durante mucho tiempo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no tuvo una representación clara de los ecosistemas profundos y sus geomorfologías submarinas, una brecha que comenzó a cerrarse con la inclusión de la cordillera submarina de Beata como objeto de conservación dentro del santuario marino Orlando Jorge Mera, lo que representó un avance relevante para el país.

Como parte de la base científica para este proceso, Delance explica que el informe técnico sobre la fauna de aguas profundas documentó investigaciones entre los 900 y 4200 metros de profundidad, registró 1855 observaciones biológicas y 3294 organismos. Uno de los hallazgos más interesantes fue la identificación de 148 morfoespecies, definidas en el libro Biodiversidad marina como un «grupo de especímenes que pueden distinguirse de otros en base a características morfológicas», que incluyen poríferos, cnidarios, equinodermos, cordados, artrópodos, anélidos, moluscos y otros organismos aún no determinados.

La expedición de fauna pelágica realizada en 2024 cubrió 2771 kilómetros (1722 millas) e identificó seis especies de cetáceos y 15 especies de aves, y también rutas de tiburones y tortugas. ADN Ambiental logró identificar especies, incluidas más de 400 morfoespecies a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que demuestra la salud y complejidad de este espacio.

A pesar de estos avances, Delance señala que aún persisten importantes lagunas: «Necesitamos más información sobre la identificación taxonómica a nivel de especie, conectividad genética, dinámicas oceanográficas, distribución estacional, impactos acumulativos, biogeografía de las especies de aguas profundas y respuesta de estos ecosistemas a las perturbaciones submarinas, cambio climático y otros factores de estrés».

¿Qué es la minería en aguas profundas?

Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), la minería de aguas profundas (MAP) se refiere a la extracción de recursos minerales de depósitos ubicados en el fondo marino profundo, típicamente encontrados entre 400 metros (1300 pies) y 6,5 kilómetros (4 millas) por debajo de la superficie del océano.

Hay tres tipos principales de depósitos minerales. Los nódulos polimetálicos (NPM) fueron descubiertos el 7 de marzo de 1873, durante la expedición Challenger; los científicos los describieron como «varios cuerpos ovalados negros peculiares que estaban compuestos de óxido de manganeso casi puro». La AIFM dice que están compuestos de manganeso, hierro, silicatos e hidróxidos y pueden ser tan pequeños como micronódulos o llegar a mediar hasta 20 centímetros. Se encuentran por lo general en la costa oeste de México en el océano Pacífico (lugar conocido como la zona de fractura Clarion-Clipperton), así como en la cuenca central del océano Índico y la cuenca de Perú. Aunque los nódulos polimetálicos pueden encontrarse en lagos, los de mayor valor económico suelen estar ubicados a profundidades de 4000 a 6000 metros (2,5 millas a 3,7 millas), en zonas con una tasa de sedimentación extremadamente baja.

Los sulfuros polimetálicos (SPM), que contienen grandes cantidades de cobre, zinc, plomo, hierro, plata y oro, fueron descubiertos en 1948 durante la expedición oceanográfica sueca Albatross en el mar Rojo. Después, en 1963 y 1966, los científicos también encontraron lodos metalíferos y salmueras en el sistema rift del mar Rojo.

Finalmente, las costras ferromanganesíferas ricas en cobalto (CFC) están a profundidades de menos de 400 metros (1300 pies) y a más de 5000 metros (tres millas), principalmente en zonas con fuerte actividad volcánica. Aunque son similares a los nódulos polimetálicos en su composición, estas costras están captando el interés de las empresas mineras porque pueden contener cantidades relativamente altas de cobalto, platino, elementos de tierras raras, níquel y manganeso.

La AIFM ha firmado contratos de 15 años con 22 contratistas para la exploración de MAP, la mayoría de los cuales cubren NPM, ocho van a SPM y cinco a CFC.

Los contratistas incluyen desde Gobiernos nacionales (Corea del Sur, India, Polonia y Rusia) hasta institutos de investigación y empresas privadas. Un pequeño número, como Corea del Sur, India y la Asociación de Investigación y Desarrollo de Recursos Minerales Oceánicos de China, tienen contratos en más de un tipo de depósito, mientras que la mayoría tiene un único contrato.

La posición de República Dominicana

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que se abrió a la firma en Montego Bay, Jamaica, en 1982 y entró en vigor en 1994, establece el marco legal general que rige el espacio oceánico, la investigación científica marina y la protección del ambiente.

Un componente central de la Convención es la definición de «la Zona», el fondo marino y oceánico más allá de los límites de la jurisdicción nacional. La CONVEMAR declara que la Zona y sus recursos son «patrimonio común de la humanidad» y establece que la AIFM debe administrar estos recursos y regular su exploración y eventual explotación.

Entre 2020 y 2025, República Dominicana tuvo una participación activa en la AIFM, que tiene su sede en Kingston, Jamaica.

En la Asamblea de la AIFM (ISBA28) en julio de 2023, Edward Pérez Reyes, entonces representante de República Dominicana ante la AIFM, que ejerció vicepresidente en dos ocasiones, presentó la posición del país sobre la minería en aguas profundas. Aunque reconoció la importancia de estos minerales para una transición energética, República Dominicana abogó por una moratoria hasta que existiera un marco legal sólido y suficientes pruebas científicas para garantizar la protección de los ecosistemas marinos. También propuso alternativas sostenibles, economía circular y reciclaje, así como una distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento de la gestión de los recursos marinos.

República Dominicana nunca estuvo en contra de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ni del proceso delineado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», explicó Pérez Reyes, que ahora es el embajador de República Dominicana en Japón. «Todo lo contrario. Siempre entendimos que el esfuerzo de la comunidad internacional para regular la exploración y eventual explotación del lecho marino era un ejercicio legítimo. Antes de que existiera ese marco legal, se corría el riesgo de que los países con la capacidad tecnológica para hacerlo actuaran por su cuenta. La Convención vino precisamente a prevenir eso y a establecer reglas comunes para todos. Entonces, la discusión tenía otra perspectiva. La pregunta en realidad era si la comunidad internacional ya estaba en condiciones de pasar de la exploración a la explotación comercial. Nosotros creíamos que no».

Pérez dijo que la postura de República Dominicana, resultado de un proceso interinstitucional que involucró al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Energía y Minas, a la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR) y otros, nunca tuvo la intención de detener el proceso. En verdad, buscaba permitir que la ciencia siguiera avanzando y que la AIFM terminara de construir el marco regulatorio que el propio Convenio le había encomendado desarrollar. «Cada vez que leíamos un nuevo estudio de investigación», recordó Pérez Reyes, «terminábamos pensando que aún había mucho más por descubrir. Y eso nos llevó de nuevo a la misma reflexión: teníamos que seguir investigando antes de tomar una decisión de tal envergadura”.

Aún hoy, los principios que guiaron esa postura le parecen válidos, aunque la información sobre la que se toman las decisiones puede cambiar. «Si la ciencia aporta nuevos elementos, un Estado responsable tiene que analizarlos», añadió Pérez Reyes.

Para Delance, la exploración científica de las profundidades marinas es necesaria para comprender mejor estos ecosistemas antes de considerar cualquier forma de utilización. En su opinión, en República Dominicana aún no hay aún información clave, como líneas de base de biodiversidad, mapas batimétricos y geomorfológicos, datos sobre especies vulnerables, conectividad ecológica, procesos oceanográficos, riesgos ambientales y resiliencia de los ecosistemas.

Cree que la postura dominicana a favor de una pausa precautoria en la minería de aguas profundas responde a la necesidad de generar primero suficiente evidencia científica para planificar, regular y proteger adecuadamente estos espacios. Advirtió que si los ecosistemas de aguas profundas no están protegidos, República Dominicana y todo el Caribe podrían perder biodiversidad aún desconocida, recursos genéticos de valor científico potencial, corredores migratorios y hábitats esenciales para especies amenazadas. Por lo tanto, según Delance, el país debe avanzar hacia la planificación espacial marina para equilibrar la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas estratégicos.

Oposición de grupos ambientalistas

La Fundación Ecológica Magua, comprometida con la conservación del ambiente, la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos naturales, desaprueba categóricamente la minería en aguas profundas en República Dominicana, y advierte que el impacto podría ser grave e irreversible.

Su presidente, Manuel Alejandro Rodríguez, dijo que la minería en aguas profundas representa una amenaza significativa para los ecosistemas marinos, cuya riqueza biológica y valor ecológico son fundamentales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La minería en aguas profundas podría llevar a la destrucción de hábitats, pérdida de especies, contaminación y alteración de procesos ecológicos y potencialmente causar daños ambientales irreversibles debido a la liberación de metales y otras sustancias contaminantes en el entorno marino.

«En una nación insular como República Dominicana», enfatizó, «cuyos mares sostienen una biodiversidad extraordinaria y son esenciales para actividades como la pesca, el turismo, la investigación científica y la protección de las comunidades costeras, los riesgos asociados con la minería en aguas profundas superan con creces cualquier beneficio económico potencial».

Reafirmando el principio de precaución como un pilar fundamental de la gestión ambiental, añadió: «Mientras persistan las incertidumbres científicas respecto a las consecuencias de esta actividad y no haya garantías de que se pueda llevar a cabo sin causar daños irreparables, es esencial priorizar la conservación de nuestros ecosistemas marinos».

La Fundación quiere que las autoridades, el sector privado, la comunidad científica y la sociedad en general fortalezcan la protección de nuestros océanos, promuevan políticas públicas basadas en la mejor evidencia científica disponible y se comprometan con modelos de desarrollo sostenible.

Sixto Inchaustegui, presidente de Grupo Jaragua, otra ONG que trabaja por la gestión sostenible de la biodiversidad, dijo que República Dominicana no sabe dónde podrían llevarse a cabo las actividades de minería en alta mar a lo largo de sus costas, especialmente porque su plataforma continental es muy estrecha y el país depende en gran medida de los servicios de los ecosistemas marinos y costeros, como el turismo, la pesca y la protección contra huracanes. Esos ecosistemas ya están altamente amenazados y degradados debido a los cambios en el uso de la tierra, la pérdida de manglares, la erosión, la sobrepesca, la mortalidad de corales, la contaminación y otros impactos ambientales, que se están exacerbando por el cambio climático.

Nueva representante ante la AIFM

El 14 de julio, la embajadora Nancy Patricia Franjul Pérez presentó sus credenciales como la nueva representante permanente de República Dominicana ante la AIFM y reafirmó el compromiso del país de ayudar a desarrollar un marco regulatorio sólido, transparente y basado en la ciencia para la explotación de recursos minerales en la Zona.

Franjul Pérez también enfatizó el papel crítico de la AIFM en un momento en que la comunidad internacional busca equilibrar la seguridad de los recursos, la protección del medio ambiente marino, el desarrollo tecnológico y la distribución equitativa de los beneficios. La secretaria general de la AIFM, Leticia Carvalho, dijo que espera continuar el diálogo, «incluido el borrador de las regulaciones de explotación y el trabajo más amplio de la Autoridad, en un espíritu de transparencia, responsabilidad ambiental y respeto» por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El futuro de la protección marina dominicana

En 2024, República Dominicana se convirtió en el primer país del Caribe en superar uno de los objetivos de compromiso ambiental global 30×30, protegiendo el 30,8% de sus aguas. Como explicó Delance, sin embargo, el desafío ahora no es solo declarar nuevas zonas protegidas, sino asegurar que tengan una gestión efectiva.

Actualmente, más del 90% de la zona marina protegida tiene planes de gestión, herramienta fundamental para guiar la conservación, regular los usos permitidos, dar seguimiento a los ecosistemas y apoyar la toma de decisiones. Mirando hacia el futuro, los esfuerzos deben centrarse en avanzar hacia una protección efectiva mediante el fortalecimiento de la vigilancia y el seguimiento tecnológico, la regulación del tráfico marítimo, el desarrollo de la capacidad científica nacional y la generación de más investigaciones sobre los ecosistemas profundos.

República Dominicana participará junto a Colombia en una misión científica como parte del programa inaugural del REV Ocean, el mayor buque de investigación oceánica del mundo, que llevará a cabo la misión Beata Ridge en 2027.

La expedición permitirá estudiar los ecosistemas profundos de la Cordillera Submarina de Beata, generará información sobre su biodiversidad y conectividad ecológica, y evaluará las amenazas potenciales para fortalecer la conservación y gestión del océano. El país también iniciará un proceso de planificación espacial marina que abarcará zonas protegidas y no protegidas, y permitirá que se organicen mejor los usos oceánicos y apoyen la toma de decisiones basada en evidencia.

Esta historia fue se publicó originalmente en Raíz Climática, con el apoyo de la Beca de Medios de Minería de Aguas Profundas del Caribe, desarrollada conjuntamente con Climate Tracker Caribbean, Jamaica Environment Trust, Rise Up por el Océano y EcoVybz Environmental Creatives.