El Consejo de Ministros, reunido de manera extraordinaria, ha aprobado cuatro iniciativas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de seguir avanzando en la modernización, la electrificación y la descarbonización de la economía española. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha subrayado el carácter transformador de estas acciones y los beneficios que supondrán para la competitividad del tejido productivo y el bienestar de los hogares.

Requisitos de sostenibilidad y soberanía digital para los centros de datos

En primer lugar, el Ejecutivo ha establecido los requisitos aplicables a los centros de datos. Sara Aagesen ha destacado que se trata de una norma pionera basada en el impacto que los centros de datos han tenido en otros países en aspectos como el consumo de energía y agua, los precios, el coste de los servicios públicos, el beneficio para los territorios y la soberanía digital.

La vicepresidenta tercera ha recordado que España es uno de los países más atractivos para la inversión en este campo por los precios competitivos de la energía eléctrica. Actualmente, hay concedidos 15 gigavatios de permisos de acceso para centros de datos, una cantidad que equivale prácticamente al 40% del consumo correspondiente al día y la hora de mayor demanda en España. Además, se han solicitado otros 20 gigavatios para centros que quieren instalarse en el futuro.

Los requisitos se dividen en dos grandes bloques: sostenibilidad y soberanía digital. En el apartado de la sostenibilidad, la norma impone a los centros de datos los máximos estándares de eficiencia energética e hídrica y exige que la energía consumida proceda en un 80% de energía renovable adicional, es decir, de energía nueva en el sistema.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explica parte de los asuntos aprobados en la reunión extraordinaria del Gabinete. | Pool Moncloa/Sandra Armada

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha remarcado la necesidad de que el consumo energético de los centros de datos no tensione el sistema ni incremente el precio para los consumidores. Con este fin, la norma fija que ese 80% de energía renovable adicional debe cumplir unas especificaciones técnicas en función de las distintas tecnologías que aporten esa energía y, además, el consumo de energía renovable debe producirse en la misma hora en que tiene lugar la generación renovable. El decreto incluye un período transitorio opcional; en los momentos en que exista una posible tensión de la red, los centros que se hayan acogido a ese período serán desconectados. "Lo más importante es el interés general", ha dicho Aagesen, que ha sostenido que los consumidores pagarían 5.000 millones de euros más en sus facturas sin este real decreto.

En cuanto a la soberanía digital, la vicepresidenta ha defendido limitar el acceso a los datos por parte de terceros países, así como establecer obligaciones y responsabilidades para que los centros dispongan de un mecanismo de supervisión que asegure su cumplimiento.

Planificación eléctrica para atender las nuevas demandas

El Gobierno ha aprobado, en segundo lugar, la Planificación de la red de transporte de electricidad Horizonte 2030. La vicepresidenta tercera ha destacado la participación de la sociedad civil en su diseño, además de la colaboración mantenida con las comunidades autónomas.

La planificación contempla 17.142 millones de euros de inversión hasta el año 2030, un 146% más que en la anterior, para incorporar 47 gigavatios de nuevas demandas de electricidad. Incluye desde el trazado de nuevas líneas eléctricas y el incremento de la capacidad de otras ya existentes hasta la construcción de subestaciones y las interconexiones internacionales, entre otras partidas. La variable fundamental de esas inversiones es la demanda. "Hablamos de industrias que quieren electrificarse, pymes, tejido productivo y viviendas. Se trata de una gran transformación del país que ya está en marcha y que con esta planificación vamos a seguir consolidando", ha expuesto Aagesen.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha remarcado el valor de esta herramienta como instrumento de vertebración territorial. "La aprobación de esta planificación, que ha sido sometida al Congreso, va a traer consigo una gran oportunidad de la mano de la electricidad, una electricidad cada vez más renovable, para todos los territorios", ha sostenido.

Más seguridad jurídica y recursos para el proceso de descarbonización

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su exposición en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Sandra Armada

El Consejo de Ministros ha adaptado, a través de un real decreto ley, el marco jurídico nacional a las últimas reformas acordadas en el ámbito europeo en materia de comercio de derechos de emisión de CO2. El texto amplía y moderniza el sistema, incorpora nuevas tecnologías como el hidrógeno renovable, integra plenamente el transporte marítimo, adapta el régimen del sector de la aviación e introduce un nuevo sistema para edificios y transporte.

La vicepresidenta tercera ha sostenido que la norma proporciona seguridad jurídica a un amplio número de operadores que se incorporan al sistema y, además, permite movilizar recursos para financiar la descarbonización y ayudar especialmente a los más vulnerables. Una vez incorporadas las reformas europeas -el real decreto ley debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados-, España podrá recibir más de 6.800 millones de euros de la Unión Europea a través del Fondo Social para el Clima.

Estos fondos permitirán llevar a cabo actuaciones como la rehabilitación de barrios, la promoción de vivienda social y el impulso del transporte público accesible y asequible. "Estamos dando un paso necesario para cumplir nuestro compromiso con una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables en una transición justa", ha manifestado Aagesen.

Por último, el Ejecutivo ha facilitado la integración de las energías renovables, ha agilizado los trámites de acceso y conexión y ha mejorado la información a los consumidores en las facturas de gas. La vicepresidenta ha detallado que, mediante un código QR personalizado, el consumidor podrá acceder al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia (CNMV), consultar información sobre las distintas facturas y conocer el impacto del origen de ese gas.

Más tecnologías propias y empresas innovadoras

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Sandra Armada

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que busca reforzar la soberanía científica y tecnológica de España, reducir la dependencia exterior y mejorar la capacidad para desarrollar tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial o los semiconductores avanzados.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido que, en un contexto de aceleración tecnológica y competencia cada vez mayor entre las grandes potencias, la soberanía tecnológica es esencial para "una España que sea fuerte y democrática". Eso exige, ha añadido, mantener el esfuerzo inversor e implantar reformas que permitan competir internacionalmente. El propósito de la norma aprobada es "conseguir que el conocimiento que generamos en nuestros centros de investigación se traduzca en tecnologías propias, más empresas innovadoras, más empleo de calidad, más soluciones que mejoren la vida de las personas", ha resumido Morant.

Nueva red de centros de interés nacional

El primer gran bloque de medidas del decreto ley, que necesita la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso, crea un nuevo grupo de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica. En concreto, se establece un régimen especial que se aplicará a un grupo de centros públicos de investigación de excelencia que trabajan en tecnologías críticas para la soberanía. Se trata de diez áreas tecnológicas identificadas por la Comisión Europea: inteligencia artificial, semiconductores avanzados, biotecnología, tecnologías cuánticas, energía y espacio, entre otras.

La ministra ha señalado que España ya cuenta con centros públicos de investigación que compiten y colaboran con los mejores del mundo; con esta norma se aumenta su autonomía y flexibilidad de gestión, por ejemplo, para que puedan contratar a un investigador de prestigio internacional o adquirir equipos sin someterse a procedimientos administrativos que retrasen sus proyectos. Otra novedad es que estos centros podrán usar el derecho privado para transferir los resultados de sus investigaciones y crear empresas o participar en ellas.

El régimen excepcional durará cinco años, prorrogables por otros cinco. El programa se evaluará a los tres años para analizar sus resultados y una posible ampliación a otros centros.

Refuerzo del sistema público de investigación

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen; la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Ciencia. Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa. | Pool Moncloa/Sandra Armada

Un segundo conjunto de medidas del decreto ley se aplicarán a todo el sistema público de investigación.

Diana Morant ha explicado que los centros públicos van a poder contratar a investigadores de prestigio capaces de obtener financiación externa, ya sea de fuentes públicas o privadas. Además, se va a facilitar la doble afiliación y la movilidad de investigadores entre instituciones. Los propios investigadores y sus grupos podrán establecer contratos con empresas para desarrollar y aplicar sus descubrimientos, algo que ya ocurre en la actualidad con los profesores universitarios. Igualmente, se simplifican los procedimientos para establecer acuerdos de colaboración entre centros públicos y entidades privadas.

Atracción de la inversión privada

La norma incluye un tercer grupo de medidas que pretenden atraer más inversión privada a través de la apuesta pública por la I+D+i. La titular de Ciencia ha apuntado que, aunque la inversión total ha aumentado, la privada "sigue estando muy por debajo de lo que querríamos y de la media europea".

Para impulsar la cultura de la ciencia y la innovación en las empresas, el decreto eleva del 12% al 15% la deducción en el Impuesto de Sociedades de las inversiones de innovación tecnológica. Las empresas que contraten a un investigador para incorporarlo a su plantilla también se beneficiarán de estas medidas. Asimismo, se amplía de 3 a 5 años el período de aplicación de la bonificación del 40% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación indefinida de personal investigador. Y se eleva de 115 euros a 200 euros al mes la bonificación para la contratación de investigadores predoctorales que realicen su tesis doctoral directamente en una empresa.

Por último, la norma adapta la forma jurídica del Barcelona Supercomputing Center. Morant ha señalado que nació como un centro de investigación, pero se ha convertido en un referente europeo en supercomputación e inteligencia artificial y una infraestructura singular que mantiene una gran relación con las empresas. "Necesita otra figura jurídica para seguir desarrollando su trabajo de expansión. Por ello, lo convertiremos en una fundación pública que le dote de mayor autonomía de gestión", ha explicado.

Declaración institucional por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la ministra portavoz, Elma Saiz, conversan durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Sandra Armada

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, con la que el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la reducción de las desigualdades que afectan a su bienestar.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado la necesidad de garantizar que todos los menores puedan crecer en condiciones de igualdad, acceder a los servicios públicos y vivir libres de violencia, con independencia de su lugar de nacimiento o de la situación económica de sus familias.

La declaración pone especial atención en la lucha contra la pobreza infantil, que identifica como una de las expresiones más graves de la desigualdad, y en el fortalecimiento de los servicios públicos de educación, sanidad, vivienda, protección social y cuidados. Asimismo, defiende la participación de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afectan y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación.

Elma Saiz ha destacado como una de las principales prioridades la protección de la infancia migrante. "Todos los niños y niñas, con independencia de su origen o de su situación administrativa, deben contar con las mismas garantías. Su protección es una obligación de todas las administraciones públicas y su interés superior siempre debe prevalecer", ha insistido la portavoz del Ejecutivo.

Otro de los ámbitos prioritarios es la protección de los menores en el entorno digital. La Declaración Institucional defiende una regulación que sitúe la privacidad, la seguridad y el bienestar de la infancia por encima de los intereses comerciales de las plataformas tecnológicas. También plantea obligaciones para las empresas del sector, medidas para evitar la explotación comercial de los datos personales y garantías para que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos de la infancia desde su diseño.

La portavoz del Gobierno ha subrayado que la protección de la infancia requiere la implicación de todas las administraciones públicas y debe estar presente en el conjunto de las políticas públicas. "La infancia nos compromete a todos", ha sentenciado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asuntos de actualidad: condena de la violencia de género

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explica los asuntos aprobados en el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Sandra Armada

La portavoz del Ejecutivo ha trasladado, en nombre del Gobierno, sus condolencias y solidaridad a la familia y los seres queridos de la mujer asesinada en Parla, Madrid, cuyo caso ha sido confirmado como violencia de género por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Elma Saiz ha recordado que 46 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año y ha reclamado una respuesta de unidad y compromiso frente a esta violencia. "No podemos acostumbrarnos a esta realidad, ni tampoco normalizarla, justificarla o minimizarla", ha remarcado la ministra, que ha recordado que frente a la violencia machista solo cabe "unidad, compromiso y una condena firme y sin matices".